Durante el Seminario Internacional sobre Debida Diligencia en Derechos Humanos para Empresas, celebrado en el Senado de la República, legisladores y expertos nacionales e internacionales coincidieron en que las empresas que operan en México no sólo deben ser productivas, sino también adoptar políticas activas de respeto a los derechos humanos, enfocadas en proteger a las comunidades donde se desarrollan.
El respeto a los derechos humanos será clave para lograr una inversión responsable y prosperidad compartida
El senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, subrayó que las empresas, sin importar su tamaño, deben identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los impactos de sus actividades en la dignidad humana. En ese sentido, calificó como indispensable que adopten la debida diligencia como herramienta operativa, garantizando el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos por las leyes nacionales e internacionales.
“No basta con generar empleos. Se debe trabajar por un entorno empresarial ético, justo y responsable con las personas y el medio ambiente”, afirmó.
Pueblos indígenas y comunidades, al centro de la discusión
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Edith López Hernández, destacó que esta administración ha avanzado en la defensa de grupos históricamente vulnerados, afirmando que los pueblos originarios y afromexicanos “ya son sujetos de derecho, no objetos de museo”.
López recalcó que ahora estas comunidades cuentan con representación en el Senado, lo que abre la puerta a una participación activa y al diálogo con las empresas: “Si nos va bien a nosotros, nos irá bien a todos y a las empresas también”, puntualizó.
Inversión con propósito social
El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, enfatizó que el diálogo entre empresas y comunidades es fundamental para construir relaciones de beneficio mutuo, que a su vez generen más inversión, empleo y estabilidad social. “La inversión debe ser una herramienta de inclusión y prosperidad compartida”, señaló.
En la misma línea, Fernanda Hopenhaym, representante para América Latina del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, afirmó que México tiene el potencial de convertirse en líder regional en materia de vigilancia y cumplimiento de estándares mínimos en derechos humanos corporativos.
Finalmente, Karen Andrea Lazcano, en representación de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), instó a construir un modelo empresarial competitivo e innovador, pero con un enfoque sólido en los derechos humanos, señalando que los consumidores y mercados internacionales hoy exigen empresas éticamente responsables.